El resultado plantea el desafío de combatir la delincuencia con firmeza, garantizar el respeto a los derechos humanos y revisar los protocolos de actuación policial.
SANTO DOMINGO. — El 67.8 % de los dominicanos rechaza las actuaciones policiales denunciadas por abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes durante intervenciones de los agentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública correspondiente a octubre de 2026.
El estudio revela que poco más de dos tercios de la población manifiestan su rechazo a estas actuaciones, frente a un 28.9 % que las apoya. Un 1.7 % dijo sentirse indiferente y un 1.6 % no respondió.
Los resultados colocan el comportamiento de los agentes del orden entre los asuntos que requieren atención en el debate nacional sobre seguridad ciudadana, especialmente en un contexto en el que la delincuencia y la inseguridad figuran como el principal problema del país, con un 21.6 % de las respuestas.
La preocupación ciudadana adquiere relevancia ante las denuncias de intervenciones en las que personas sospechosas son abatidas a quemarropa, incluso en circunstancias en las que aparentemente se encuentran desarmadas, se han rendido o no representan una amenaza inmediata. Aunque la encuesta no cuantifica específicamente estos escenarios, el rechazo general a los abusos evidencia la importancia de que las actuaciones policiales estén sujetas a protocolos claros, supervisión y rendición de cuentas.
El desafío para las autoridades consiste en fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la delincuencia sin tolerar excesos. La firmeza frente al crimen debe ser compatible con el respeto a la vida, el debido proceso y los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza.
Una revisión de los protocolos de intervención, el entrenamiento de los agentes, los mecanismos de investigación de incidentes y las consecuencias ante actuaciones ilegales contribuiría a reforzar la confianza pública y la legitimidad de los organismos de seguridad.
Al mismo tiempo, la respuesta institucional debe contemplar el fortalecimiento de la investigación criminal, la persecución efectiva de los responsables de delitos y la reforma del sistema penitenciario, con el propósito de evitar que la política de seguridad dependa exclusivamente de los operativos policiales.
La encuesta también muestra que el 5.4 % de los consultados identifica los abusos policiales y las actuaciones de la Digesett entre los principales problemas del país. Por separado, el 62.4 % considera que la seguridad ciudadana ha empeorado respecto a cinco años atrás.
Estos datos reflejan una doble exigencia para las autoridades: responder a la demanda de mayor seguridad y garantizar que las instituciones encargadas de ofrecerla actúen dentro de la ley.
La discusión, por tanto, no se limita a la necesidad de enfrentar la delincuencia, sino también a cómo hacerlo. La legitimidad de la acción policial depende de su eficacia, pero igualmente de su apego a las normas y del respeto a los derechos fundamentales.