Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) impartieron el taller Compras Sensibles al Género como Motor del Desarrollo, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en la gestión de contrataciones públicas e impulsar mecanismos que contribuyan a la autonomía económica de las mujeres.
La jornada formativa fue coordinada por la Dirección de Transversalidad para la Igualdad del Ministerio de la Mujer y contó con la participación de representantes de las Unidades de Igualdad de Género (UIG) y de las áreas de compras de instituciones priorizadas en el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), así como de entidades que implementan o han implementado el Sello Igualando RD para el sector público.
La apertura del taller estuvo a cargo de Isabel Frías, encargada del Departamento de Transversalización de la Igualdad en Instituciones Públicas y Privadas, quien destacó que el encuentro tuvo como propósito profundizar en el papel que desempeña el Estado en la reducción de las brechas de género mediante la gestión del presupuesto y las contrataciones, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y las disposiciones establecidas en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
Por su parte, Rubén Mañón, encargado del Departamento de Acceso al Mercado Público de la Dirección General de Contrataciones Públicas, destacó que las unidades de compras tienen un papel que va más allá de la gestión de los procesos de contratación, al considerar las compras públicas como una herramienta para generar igualdad, ampliar oportunidades y contribuir a transformar vidas.
“El interés de este encuentro es poder concientizar sobre la importancia de las compras sensibles al género. Esto busca cerrar brechas de desigualdad y apuntar al desarrollo económico y una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en el mercado público”, explicó.
En el desarrollo de la capacitación técnica se abordaron herramientas destinadas a convertir las contrataciones públicas en un mecanismo de inclusión, generación de oportunidades y desarrollo económico, entre ellas la reserva de partidas presupuestarias, mediante la aplicación del mínimo legal del 30 % destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con una reserva del 10 % para aquellas dirigidas por mujeres.
De igual forma, se explicó el alcance del anticipo obligatorio del 30 %, como una medida que permite a las proveedoras disponer de liquidez y capital de trabajo desde el inicio de la contratación, facilitando así su participación y permanencia como suplidoras del Estado.
Otro de los aspectos tratados fue la revisión del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), a partir del trabajo coordinado entre las Unidades de Igualdad de Género y las unidades de compras, con el objetivo de identificar anticipadamente los procesos susceptibles de reserva y contribuir a la eliminación de barreras que dificultan el acceso de las mujeres al mercado público.
El encuentro también incluyó un análisis del respaldo jurisprudencial a las medidas de acción afirmativa en materia de género, con especial atención a la sentencia TC/0556/26 del Tribunal Constitucional, que ratifica la validez de las cuotas afirmativas de género en el mercado público.
En este espacio se resaltó, además, la importancia de fortalecer la articulación entre las áreas responsables de las contrataciones y las instancias encargadas de promover la igualdad de género dentro de las instituciones, de manera que la perspectiva de género sea considerada desde la planificación de los procesos y no únicamente durante su ejecución.
Bajo el lema “El Estado que compra con igualdad, impulsa oportunidades y transforma vidas”, desde el Ministerio de la Mujer y la DGCP, ratificaron su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades del funcionariado público y promover una gestión de las contrataciones más eficiente e inclusiva.
Este taller forma parte de los esfuerzos interinstitucionales dirigidos a transversalizar el enfoque de género en la administración pública y aprovechar la gestión de los recursos del Estado como una herramienta para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de las mujeres.