Pese al fallo reciente de la Suprema Corte, una demanda colectiva logró frenar temporalmente la controvertida orden ejecutiva que afectaría a miles de bebés nacidos en territorio estadounidense.
Santo Domingo. — Un juez federal de New Hampshire bloqueó este miércoles la entrada en vigor del decreto del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, una política que había sido avalada por la Suprema Corte en junio pasado.
La decisión fue emitida por el juez Joseph Laplante, quien acogió una demanda colectiva (class-action) presentada por organizaciones de derechos civiles, incluyendo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La demanda representa a todos los bebés nacidos a partir del 20 de febrero de 2025 que se verían afectados por la orden ejecutiva 14160, firmada por Trump a inicios de este año tras su regreso al poder.
El juez sostuvo que “la negación de la ciudadanía tendría consecuencias devastadoras e irreversibles para los infantes implicados”, lo que justifica una medida cautelar de alcance nacional mientras se dirime el fondo del litigio.
La orden ejecutiva, programada para entrar en vigor el 27 de julio, redefinía el principio de jus soli consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., limitando el derecho a la ciudadanía únicamente a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Se estima que más de 150 000 bebés al año perderían el acceso automático a la nacionalidad bajo este esquema.
Aunque el pasado 27 de junio el Tribunal Supremo limitó el poder de los jueces para emitir bloqueos nacionales (fallo Trump v. CASA), dejó abierta la puerta a medidas colectivas mediante demandas de clase. Fue esa vía la que utilizó el juez Laplante para sortear la nueva doctrina restrictiva impuesta por la alta corte.
El fallo otorga una semana de margen a la administración Trump para apelar ante el Primer Circuito de Apelaciones, pero por el momento, el decreto queda suspendido en todo el país respecto a los menores incluidos en la demanda.
Organizaciones defensoras de los derechos migratorios calificaron el fallo como “una victoria temporal, pero esencial” en defensa de la igualdad de derechos consagrada en la Constitución estadounidense.
Se espera que la Casa Blanca reaccione en las próximas horas y que el caso escale eventualmente al Tribunal Supremo, marcando así otro capítulo en el debate nacional sobre la inmigración, la ciudadanía y los límites del poder presidencial.