Fuerza de Tarea Conjunta intensificará acciones para el retiro de armas ilegales

La Fuerza de Tarea Conjunta anunció este lunes 29 de septiembre el inicio, a partir de octubre, un plan de acción para sacar de circulación armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

Partiendo del Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz, las acciones priorizarán las localidades donde las armas de fuego tienen mayor peso de homicidios y conflictos sociales.

Estas medidas estarán acompañadas de un periodo de gracia especial, dispuesto por el Ministerio de Interior y Policía mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, que se aplicará entre octubre y diciembre. Esta medida permitirá a los ciudadanos con licencias vencidas renovarlas bajo condiciones económicas más favorables.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Raful destacó que la medida se enmarca en la aplicación de la Ley 631-16, que busca prevenir el uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego.

“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, puntualizó la ministra.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.

Homicidios y Heridos

La ministra informó que la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 es de 8.1 por cada 100 mil habitantes, con 25 demarcaciones en un solo dígito y 9 en dos dígitos. Entre estas últimas, Dajabón y Azua se mantienen en nivel amarillo con tasas de 10.7 y 10.8 respectivamente.

Avances legislativos

Raful recordó que en el nuevo Código Penal se contempla la creación de un registro de agresores sexuales, bajo responsabilidad del Ministerio Público, el cual será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.

Con este plan de acción, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el control de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más vulnerables.