CARD pide al presidente Abinader convocar con urgencia al CNM para renovar Suprema Corte de Justicia

El Colegio de Abogados sostiene que ya venció el período constitucional de varios magistrados y reclama un proceso abierto, transparente y basado en la meritocracia.

Santo Domingo, República Dominicana, 07 de abril de 2026.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió al presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar de manera urgente a ese órgano constitucional para iniciar el proceso de evaluación y selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La posición del gremio fue fijada por su presidente, Trajano Potentini, quien recordó que el pasado sábado 4 de abril se cumplió el período constitucional para el cual fueron designados varios de los jueces que integran la alta corte desde el año 2019. A juicio del CARD, ese vencimiento obliga a las autoridades competentes a actuar sin dilaciones, respetando el marco constitucional y la necesaria continuidad institucional del sistema de justicia.

Potentini advirtió que el país no debe recorrer nuevamente el camino de las tardanzas que en otras ocasiones han afectado la renovación o integración de distintos órganos constitucionales. En ese sentido, consideró inaceptable que una materia de tanta sensibilidad institucional quede atrapada en demoras injustificadas, cuando la Constitución y el interés nacional demandan actuaciones oportunas y responsables.

El dirigente gremial sostuvo que la escogencia de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia debe sustentarse en criterios de mérito, capacidad, trayectoria y ética pública, y no en afinidades político-partidarias ni en compromisos ajenos a la independencia judicial. Según expresó, la sociedad dominicana necesita magistrados con solvencia profesional, conducta intachable y verdadero compromiso con el Estado de derecho.

Asimismo, el CARD planteó que el proceso de selección debe desarrollarse con absoluta transparencia, apertura y participación, de manera que la ciudadanía, la comunidad jurídica y los distintos sectores sociales puedan observar con claridad cada una de sus etapas. Para el gremio, sólo un procedimiento confiable y visible fortalecerá la legitimidad de quienes resulten escogidos para integrar la alta corte.

La organización entiende que la Suprema Corte de Justicia, por la naturaleza de sus atribuciones, requiere jueces capaces de decidir con independencia, prudencia y apego estricto a la Constitución y a las leyes. Por ello, insistió en que el Consejo Nacional de la Magistratura está llamado a garantizar un proceso ejemplar, en el que prevalezcan la institucionalidad, la excelencia profesional y la confianza pública.

Potentini subrayó que la renovación de la composición de la SCJ no debe verse como un simple trámite formal, sino como una decisión de alto impacto para la democracia, la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema judicial dominicano. En su consideración, respetar los tiempos constitucionales es una manifestación concreta de madurez institucional y de compromiso con el fortalecimiento de las altas cortes.

En ese contexto, el Colegio de Abogados reiteró su llamado al presidente Abinader para que, en el ejercicio de sus atribuciones como presidente del CNM, disponga la convocatoria correspondiente y permita que el país avance hacia una renovación judicial basada en la transparencia y el mérito. El gremio afirmó que la nación espera un proceso serio, participativo y libre de cuestionamientos, que contribuya a robustecer la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, el CARD reafirmó su rol de vigilancia frente a los temas esenciales de la institucionalidad democrática y aseguró que continuará defendiendo la necesidad de una justicia fuerte, confiable y alejada de intereses coyunturales. La entidad expresó su esperanza de que la futura selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia se convierta en un referente de legalidad, ética y responsabilidad pública.