El gobierno del presidente Abinader parece que ha perdido la paciencia con la violencia que afecta a la ciudadanía, pero en vez de redoblar sus esfuerzos hasta alcanzar la necesaria reforma policial que inició, ha preferido el método fracasado e inconstitucional de permitir a la Policía Nacional aplicar los mal llamados “intercambios de disparos y muertes extrajudiciales”, que son inconstitucionales e ilegales, pero además no reducen la violencia, sino que la incrementan.
A lo largo de 31 años, la Policía Nacional, ha desaparecido alrededor de 7,215 dominicanos y esto forma parte, por su prolongación y permanencia, de una política de Estado, que convoca a más violencia.
Que a la fecha solo en este año se haya sobrepasado la cifra de 196 muertes, y 42 solo en el mes de septiembre, refuerza la medición del Latinobarómetro 2024 que coloca a República Dominicana con el peor ranking en muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado, en 18 países evaluados.
Se consolidan los “intercambios de disparos” como una política de Estado que han utilizado todos los gobiernos para atacar la violencia, pues se prefiere responder con más violencia, a pesar de que este método no ha reducido la violencia que se pretende combatir, y, en cambio, desacredita los esfuerzos de reforma policial que lleva a cabo el gobierno.
Se está generando una situación de fuego cruzado con la ciudadanía en el centro, afectando sobre todo a la gente pobre del país, por lo que llamamos a las autoridades a cuidar sus expresiones para que no puedan confundirse como una validación de conductas ilegales. Que una parte importante de la población, afectada por la violencia, aplauda las ejecuciones extrajudiciales, por desconocimiento de las consecuencias negativas de esta medida, no otorga derecho a las autoridades a violar la Constitución.
Reclamamos que el Ministerio Público investigue cada caso de intercambio de disparo donde una persona haya perdido la vida, registrando la supuesta arma utilizada para justificar el intercambio, con la finalidad de evitar que la impunidad prevalezca en aquellos casos donde se pueda comprobar que se ha tratado de una ejecución extrajudicial.