Los diversos sectores que conforman la sociedad civil, además del sector político llevan varias semanas solicitando al presidente Luis Abinader la modificación de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigación, por considerar que violenta los derechos fundamentales de los dominicanos .
Luego de que la ley se aprobara a vapor y en silencio, la promulgación provocó un estruendoso ruido y mantiene a la sociedad civil, al empresariado los partidos de oposición y el Gobiernos enfrentados bajo la preposición de que la Ley DNI coarta la libertad de expresión y choca con otros derechos.
Tras semanas de improperios la sociedad está a la espera de que el Presidente convoque al diálogo que propuso para interpretar la ley, aunque las sugerencias son modificación de varios artículos sobre todo, el 11, que obliga a los ciudadanos a proporcionar cualquier información que el organismo necesite.